EL BLOQUEO DEL RIO GUADALQUIVIR VI

VI LAS PRIMERAS NEGOCIACIONES

También, ese día 21, el alcalde de Sanlúcar, Manuel Vital Gordillo, trataba, a través del gobernador civil de la provincia, Plácido Conde, establecer una audiencia con el Secretario General de Pesca Marítima, José Loira Rua, para que recibiera a los pescadores de Sanlúcar en la cual solicitaba estar presente.
Manuel Vital llego a señalar a Plácido conde que “habría que garantizar que la retiradas de los barcos de la zona en conflicto se realizara distendidamente y sin llevar a cabo ningún tipo de acto represivo contra los marineros y armadores”. Para Manuel Vital, “cualquier actuación que no fuese desde postura de extremada prudencia podría tener consecuencias gravísimas, dándose la paradoja de que la restitución de una parcela de orden público pudiera alterar éste en un nivel superior”.
En una conversación entre Manuel Vital y Plácido Conde, el primero le había manifestado su preocupación porque “el clima de crispación social que se está viviendo pudiera desencadenar un gravísimo conflicto de orden público”.
Pese a esta reacción de Manuel Vital, Plácido Conde no da orden de replegar a la fuerza de orden público, a la vez que hace pública una nota en la que además de manifestar que “persiste la misma situación de días anteriores, la Guardia Civil se ha visto en la obligación de intervenir con los medios a su alcance para dejar expedita esta vía marítima bloqueada desde el viernes por los pescadores y salvaguardar así el legítimo derecho de los barcos a circular libremente.”
Para justificar esta crítica, fuente del gobierno civil aseguraban a ABC que en un vídeo se puede contemplar perfectamente “la hostilidad de los pescadores contra la fuerza de orden público, comprobándose perfectamente en una de esas grabaciones como los pescadores arrojan al agua a un agente que sin motivo de agresión se había acercado a los barcos concentrados”
No obstante, en el transcurso de los disturbios, Manuel Vital fue una de las principales figuras políticas que recibió las críticas de los pescadores sanluqueños y de sus familiares, al que le reprochaban el no estar en el escenario de la movilización cuando más falta hacía el respaldo de las autoridades sanluqueñas.
El mismo día 21 la Dirección General de Pesca, manda al alcalde de Sanlúcar una nota en la que le manifiesta que la reunión entre los representantes del sector pesquero de Sanlúcar con los responsables de la comisión de seguimiento del Plan de Pesca del Boquerón, se celebraría en la sede de la Consejería de Agricultura y Pesca de la Junta de Andalucía.
Con ello se cumplía la condición impuesta por los armadores y marineros para deponer su actitud y retirar los barcos del río. El alcalde de Sanlúcar, Manuel Vital aseguraba que “se ha cumplido desde el Ayuntamiento la gestión fijada, en cuanto a confirmar lo que nos pedían los representantes del sector, la fecha para un encuentro entre las partes; producida esta convocatoria, lo que ahora procede es desbloquear el río”
Aquella misma noche, los marineros y armadores estudiaron la manera de desbloquear el río ante las noticias producida por la nota que había recibido el alcalde de Sanlúcar, pero éstos no desconvocarían el bloqueo hasta no saber el resultado de la reunión que el día 22 se estaba llevando en Sevilla.
Después de los 2 días de enfrentamiento entre la Guardia Civil y los pescadores, el martes día 23 amaneció con una tensa calma entre ellos. La Guardia Civil con una lancha patrullera y los remolcadores de la Marina Mercante, “Remolcanosa V” y “Hispania”, se limitaban a vigilar los pesqueros que mantuvieron por 5º día consecutivo el bloqueo del río.
José Orcha, portavoz de los representantes de los pescadores, manifestó que el bloqueo seguiría hasta no saber por lo menos, el resultado que ese mismo día se estaba celebrando en Sevilla.
La comisión estaba decidida a esperar hasta el final y José Orcha llegó a manifestar que “desde luego vamos a pedir la dimisión de “Paquito, El Divino”, refiriéndose a Francisco Alba Riesco, Director General de Pesca y Acuicultura de la Junta de Andalucía “porque sólo dice tontería”.
La comisión de pescadores de Sanlúcar, de acuerdo con los armadores pondrían sobre la mesa de negociaciones una serie de asuntos, como eran, entre otros, la talla y el porcentaje de las capturas, las sanciones impuestas por los inspectores de la Comunidad Europea, la seguridad en el mar, el tamaño de las mallas, el rearqueo de algunas embarcaciones, el descanso semanal y las indemnizaciones a convenir por ambas partes ante un posible para biológico.
Los pescadores y armadores ponen en cuestión todas las normas de la Comunidad Europea en cuanto a la de pesca en el Golfo de Cádiz. Orcha manifiesta que “la normativa ha sido elaborada por personas ajenas, personas que desconocen la problemática de aquí. Queremos disposiciones especiales para la Región suartlántica.
Asimismo, son muchos los marineros que ante las negociaciones que se están efectuando en Sevilla, y la calma producida en el río, que piensan que una vez finalizado este conflicto y lleguen a tierra y amarren sus embarcaciones en el muelle, no saben el comportamiento de la Guardia Civil contra ellos y quieren que se les garanticen que los agentes no tomen represalias contra ellos.
Las palabras pronunciadas por José Orcha, pone de manifiesto el temor que corre entre ellos, “Estamos constantemente amenazados y presionados por la Administración. Tememos que cuando amarremos los barcos al muelle, la Guardia Civil tome represalias contra nosotros. Nosotros no tenemos miedo, tenemos pánico”.
Manuel Vital, el alcalde sanluqueño, ha remitido al Gobernador Civil de Cádiz esa misma mañana un fax,. En el mismo le solicita que le garantice que la retirada de los barcos se realice distendidamente. “sin llevar a cabo ningún tipo de acto represivo contra los marineros y armadores. Cualquier actuación que no fuese desde postura de extremada prudencia podría tener consecuencias gravísimas”.
Por otra parte el Gobernado Civil de Cádiz, Plácido Conde, insta a la Fiscalía de Cádiz a que investigue las posibles responsabilidades penales en la que han podido incurrir los marineros de Sanlúcar. Este Gobernador entiende que los marineros hayan podido incurrir en un delito de sedición.
Mientras tanto, permanecen fondeados en distintos lugares de Bonanza y Chipiona una gran cantidad de embarcaciones de todo tipo esperando el desbloqueo del río Guadalquivir.
En Bonanza permanece anclados los buques mercantes:
•Vivejhort. (Mercante).
•Esmeralda. (Mercante).
•White Rabbit (Yate).
•África Ween (Yate).
•Asangyo (Yate).
•Gibaltoa (Yate).
•Floric (Yate).
En el fondeadero de Chipiona se encuentran:
•Leros (Mercante).
•San Juan Gaztelugatxe (Mercante).
•Tootsi (Mercante).
•Guadalquivir (Mercante).
•Atria (Mercante).
•St. Christoph (Mercante).
•Jerba (Mercante).
•Casilda del Mar (Mercante).
Ante la posibilidad de atravesar el canal del río Guadalquivir el “Ciudad de Santa Cruz de la Palma” que se dirigía el día 22 a Sevilla, tomó rumbo hacía el puerto de Cádiz.
Durante todo el día se estuvo esperando a un autocar que traería los 50 pescadores de Huelva que se iban a incorporar al bloqueo, pero estos no llegaron.
El Gobernado Civil de la Provincia en sus primeras reacciones tras el conflicto calificaba de hostil la actitud de los pescadores publicando un comunicado en el que se señalaba que dicha actitud se demostraba con el hecho de que, el pasado lunes, un grupo de marineros habían cortado los cables de sujeción de las boyas de señalización dejándola a la deriva creando un peligro para
los barcos, puesto que la misión de las mismas es permitir la navegación con márgenes suficientes de seguridad por la canal del río.
También justificaba la intervención de la Guardia Civil por la necesidad de “dejar expedita una vía marítima bloqueada y así salvaguardar el legitimo derecho de los buques allí congregados a circular libremente por la mima”.
Seguía manifestando que “la razón esgrimida por los pescadores sanluqueños para llevar a cabo dicha movilización estribaba en que la administración estaba cumpliendo con su obligación de inspeccionad las mallas utilizadas, así como la talla de las capturas”.
También la UGT de la Marina Mercante exigió a la autoridad marítima española el cese inmediato de toda acción encaminada a la utilización de personal civil en los procedimientos represores que se estaba llevando a cabo en el río.
El sindicato aseguraba la existencia de presiones comprobadas sobre las tripulaciones de los remolcadores “Remolcanosa V” y “Hispana”, “en la que se ha forzado a sus tripulaciones a la colaboración con la Guardia Civil en la represión del bloqueo que vienen manteniendo, con el resultado de varios heridos graves”.
Otro comunicado remitido por el Consejo Político Local de IU-CA de El Puerto de Santa María condenaba la “brutal” actuación de la Guardia Civil contra los marineros sanluqueños, “empleando métodos desproporcionados a la protesta pacífica que los pescadores llevan a cabo en defensa de sus intereses”.
Las críticas llovían de todas partes, así, el presidente de la Interfederativa Andaluza de Cofradías de Pescadores, manifestaba que “La situación está al rojo vivo”. El presidente de la Federación Provincial de Cofradías de Pescadores, Joaquín Bellido Vélez, aseguraba que era el propio gobierno el que incitaba a las protestas por la falta de diálogo y, que “si no se realizan medidas de presión no nos escucha”.
Con idénticas palabras se expresaba el Secretario de la Federación Nacional de Cofradías, José Manuel González, manifestando que “Parece ser que la Junta de Andalucía ofrece el dialogo cuando los pescadores adoptan medidas que no desea nadie. Esto no hubiese ocurrido si la Junta hubiera consultado a todo el sector pesquero sin marginar a nadie”. Por otro lado, el responsable de pesca de UGT en Sanlúcar, Juan Rosillo, que también era miembro de la comisión de pescadores, expresaba su malestar por lo que él entendía “falta de coordinación entre la comisión y la cofradía, que está dando información sin contar con nadie”.
Por otra parte, la Confederación Empresarial Sevillana (CES), había anunciado que el bloqueo afectaría tanto económica como socialmente al puerto de Sevilla, donde podía causar graves problemas a algunas empresas del sector de consignatarios de buques.
Según esta asociación, el bloqueo provocaría el desvío a otros puertos de varios buques de pasaje en visita a la Expo92 y numerosos barcos de tráfico comercial de mercancías, que tenían previsto llegar el día anterior a Sevilla, continuaban atracados y fondeados en varios puertos de la Bahía de Cádiz.