sábado, 7 de marzo de 2009

EL BLOQUEO DEL RIO GUADALQUIVIR V

V LOS APOYOS ANDALUCES

Durante todo el domingo y lunes día 21, una serie de duras críticas se habían estado vertiendo por parte de distintos estamentos sociales y políticos después de la orden del gobernador civil de Cádiz de ordenar a la Guardia Civil que actuaran contra los barcos de pesca fondeados y bloqueando la desembocadura del río Guadalquivir.
Así la Federación de Cofradías de pescadores gaditanos, el partido Andalucista y hasta las juventudes comunistas, habían emitidos diversos comunicados con duras críticas y desaprobando la decisión del Gobernador Civil de la Provincia de Cádiz al mandar a la Guardia Civil para solventar un problema social, laboral y político.
La Federación Provincial de Cofradías de Pescadores mandó un comunicado en el que mostraba su “más enérgica protesta por la actuación de las fuerzas del orden, responsabilizando de todo ello a nuestras autoridades de la administración central y autonómica en materia de pesca”.
Proseguía el comunicado manifestando que “se pone de manifiesto la inaptitud de nuestros dirigentes y, muy particularmente, de nuestra comunidad autónoma, que son responsables de lo acontecido y de lo que acontezca, si no lo remedian, en la desembocadura del río Guadalquivir”.
Seguía agregando que “Lo que está sucediendo y sucederá en el futuro en los puertos del litoral andaluz es culpa del gobierno autónomo por no contar con los legítimos representantes de las cofradías de pescadores, elegidos democráticamente en las elecciones celebradas el pasado 1991”.
Tras señalar que “los verdaderos representantes de los pescadores, los hombres de las cofradías de pescadores, no han sido llamados ni una sola vez a negociar los problemas del Golfo de Cádiz”, continuando diciendo que dichos representantes “son expulsados del ente autonómico y tratados como delincuentes habituales” y que “lo peor de todo es que los platos rotos los pagamos los trabajadores, como son los cumplidores de las fuerzas del orden y los trabajadores de la mar”.
El portavoz del grupo andalucista en el parlamento andaluz, Miguel Calvo, amén de exigirle a la Junta de Andalucía que interviniera en el conflicto, manifestó que “Con la Guardia Civil no se pueden afrontar los problemas de fondo de nuestro sector pesquero. Cuando el Gobierno se muestra incapaz de desarrollar una política eficaz y se cierra al diálogo con los representantes del sector, la desesperación estalla en miles de familias andaluzas”.
Calvo llegó a incluso acusar al gobierno autonómico “de pasar del sector pesquero, pues ni las subvenciones por parada biológica se les abonaban bien y a tiempo, ni la política de modernización de la flota se ejecutaba, ni se programaban medidas para la polivalencia de embarcaciones en otras artes de pescas”.
El colectivo de juventudes Comunistas de Andalucía difundió otro comunicado en el que criticaba duramente tanto la intervención de la Guardia Civil, como las circunstancias que la provocaron.
En concreto, el comunicado decía que “Si quieren un paro biológico para que se regeneren las distintas especies, vale. ¿Pero de qué van a comer los centenares de familias que subsisten de la pesca?. Todavía hay numerosas embarcaciones que aún no han cobrado las ayudas de la CE del paro biológico de finales de 1.991.” y después seguía, “un gobierno que alardea de ejemplo de democracia, manda cerca de medio millar de agentes y efectivos para humillar a un sector que sólo pide el pan de cada día…”
La comisión ejecutiva provincial de UGT también emitió un comunicado en el que culpaba al gobernador civil de Cádiz, Plácido Conde, de “crear un clima de guerra en Sanlúcar”.
Según el sindicato, “la irresponsabilidad demostrada al disponer la actuación de las fuerzas de orden público como si de mercenario en una guerra se tratara, ha desatado una batalla en el Guadalquivir provocando 21 heridos..”
La UGT seguía diciendo que “los trabajadores y sus familias lo único que piden es que se abra una mesa para dialogar y negociar, los problemas de la flota, “por lo que es lamentable que desde un despacho confortable de un palacio, sin tener conciencia clara de las penalidades de la provincia, el señor gobernador civil use como único remedio a dichos problemas el envío de las fuerzas con la orden de cargar”.
La Cofradía de pescadores de Conil, también mandó un comunicado como muestra de apoyo a los pescadores sanluqueños manifestando que “las autoridades de pesca de la Junta de Andalucía se puedes sentir orgullosas de los logros conseguidos con su política pesquera en los últimos años, pues dándose una vuelta por los puertos de nuestra provincia nos damos buena cuenta de ellos”.
Sigue manifestando la cofradía conileña que “el caladero del Golfo de Cádiz está totalmente esquilmado; flotas como la de Barbate, arruinada: y Sanlúcar metida en una batalla campal, “cometiéndose las mayores barbaries por parte de la administración para acabar con ellos, sin el más mínimo interés por parte de nuestros representantes en el gobierno de conocer la raíz del problema e intentar darle solución”.
Asimismo, indicaba que “desde el famoso decreto Manaute, las cofradías andaluzas se encontraban desde hace seis años totalmente aislada y sometidas a una política de acoso y desgaste, no existiendo negociaciones con ellas y haciéndose todo al más puro estilo caciquil” .
A pesar de todo esto, la Administración Central, Junta de Andalucía y los representantes del sector pesquero andaluz siguen coincidiendo en la necesidad de aumentar el control y la vigilancia en el Golfo de Cádiz para erradicar la utilización de artes ilegales y la captura de especies inmaduras.
Todas las partes implicadas decidieron autorizar cambios temporales de modalidad para las embarcaciones de arrastre y artes menores por un periodo máximo de seis meses, tres de los cuales en la pesquería dirigida al Boquerón. Esta medida afectaba a 18 arrastreros de Sanlúcar de Barrameda, de un total de 171 buques con bases en Punta Umbría, Lepe, Barbate y Ayamonte.
Además de la intensificación de las inspecciones y vigilancia, el Plan de Pesca del Golfo de Cádiz incluía un periodo de veda voluntarios para las embarcaciones de cerco censados, durante los meses de enero y febrero, acompañándose estas medidas de ayuda para la inactividad laboral.
Mientras las embarcaciones pesqueras tenían bloqueado el río Guadalquivir, en Barbate, la mesa de opinión constituida en aquella localidad, amenazaba con trasladar la flota pesquera barbateña a la Expo92 en Sevilla, si la administración no les daban soluciones a la gravísima situación económica que vivía este sector en la localidad como principal recurso y fuente de vida.
En esta reunión decidieron llevar a cabo diversas acciones tales como bloqueo de puertos cercanos a Barbate, cortes de carreteras y manifestaciones ante la Consejería de Agricultura y Pesca de Sevilla como medidas de presión.
En esta última asamblea, el presidente de la asociación de armadores de Barbate, el señor Ribera, había indicado que en la reunión celebrada con el Defensor del Pueblo Andaluz, Plácido Conde Pumpido, se le entregó una extensa documentación sobre las circunstancias por las que atravesaba el sector pesquero de Barbate, añadiendo que la ejecutiva del PSOE había querido vender el bulo de que se les había entregado 50 millones de pesetas por la inmovilización de la flota y la realidad era otra muy diferente, porque ese dinero pertenecía a la compensación correspondiente a la parada biológica en que se vieron obligados cumplir en la campaña 90/91 y que se debería de haber pagado hacía mucho tiempo.
Pero el sector pesquero de barbate no apoya a los pescadores sanluqueños, ellos están de acuerdo con el acuerdo del Plan de Pesca.
El portavoz de la mesa de barbate, Antonio Rodríguez, y que aglutinaba a sindicatos, armadores y otras agrupaciones, señaló que “los pescadores sanluqueños quieren continuar pescando inmaduros de forma ilegal y acabando con la única riqueza que nos queda a los barbateños en el caladero”.
Sin embargo, Joaquín Bellido, de la Federación Provincial de Cofradías consideraba el Plan como “papel mojado, ya que se ha negociado sin verdaderos interlocutores de los pescadores y armadores que no son otros que las propias cofradías”.
La playa estuvo todo el día llena total de familiares de los marineros embarcados en los pesqueros que bloqueaban el río Guadalquivir entre la indignación, el descontento y los desfallecimientos de algunas mujeres. Desde este lugar fueron evacuados los heridos que traían de los barcos fondeados en la canal del río por parte de la Cruz Roja y Protección Civil, mientras que otros marineros, con pequeñas canoas, a motor o a remo embarcaban alimentos, bebidas, tabaco y hasta la prensa del día para información de los embarcados.
Los gestos de solidaridad llegaron hasta los establecimientos de la barriada de Bonanza, donde los propietarios de los mismos allí ubicados decidieron cerrar sus puertas en apoyo de los marineros que seguían bloqueando el río.

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